Osorio señaló que la actual administración muestra improvisación en su estrategia para combatir la inseguridad, destacando la urgencia de fortalecer el sistema de justicia en su totalidad.
"Nunca ha existido una política de seguridad pública diseñada y dirigida a garantizar la seguridad de todos los hondureños. Se ha improvisado de manera permanente en el ámbito de la seguridad", afirmó en Diario Matutino HRN.
El comisionado Osorio resaltó que se ha abordado las verdaderas causas de la criminalidad en el país con excesiva cautela, describiéndolas como "tocadas con guantes de seda".
"En la actual administración se observan cambios, pero aún queda mucho por hacer. Es necesario fortalecer todo el sistema de justicia. La carga de prevención recae demasiado en la Policía Nacional. Debemos reducir la incidencia delictiva en todas sus formas", comentó.
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Además, enfatizó la necesidad de mejorar el área de investigación criminal. "En seis departamentos de Honduras se registra una alta incidencia de violencia, con tres masacres ya en 2024", indicó.
Osorio también abordó el tema de la extorsión, subrayando la necesidad de intensificar la lucha contra este flagelo que afecta tanto a empresarios como al resto de la población.
"Los extorsionadores deberían ser considerados terroristas. Sin cambios, seguiremos en lo mismo; se capturan una y otra vez y solo se ríen", expuso.
Para concluir, Osorio afirmó que, sin un sistema de investigación criminal sólido y eficiente, los esfuerzos para combatir el crimen en Honduras continuarán siendo insuficientes y poco efectivos.
Extorsión
En 2023, la extorsión alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años, con un 11.1% de la población afectada. Este aumento se identificó en una encuesta realizada por Le Vote Honduras para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), donde se incluyó a personas adultas de 167 municipios a nivel nacional.
Los departamentos más afectados por este delito fueron Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán, según el informe.
El sector del transporte urbano en Tegucigalpa es afectado, desembolsando entre L500 y L600 millones en concepto de extorsión a lo largo de 2023.
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