La expectativa crece en torno al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el proyecto de ley de empleo parcial, mientras distintos sectores presionan por una resolución que permita avanzar en su discusión en el Congreso Nacional.

Sector privado urge aprobación

Al respecto, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, lamentó la demora en el proceso y advirtió que el país continúa enfrentando altos niveles de desempleo por la falta de decisiones oportunas.

“Es lamentable que, después de tres años, sigamos discutiendo sobre este tema”, afirmó el empresario en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi, al tiempo que cuestionó que el debate haya sido politizado.

Según el empresario, la normativa podría beneficiar “al gran conglomerado de desempleados que existen en Honduras”.

Además, señaló que el país necesita modernizar su legislación laboral.

“Nosotros hacemos las cosas más difíciles de lo que realmente deberían ser”, expresó, al comparar el sistema hondureño con modelos más flexibles en otras economías.

Facussé también pidió optimismo respecto al fallo judicial, aunque insistió en que la aprobación de la ley de empleo parcial debe acompañarse de otras reformas estructurales para fomentar la generación de empleo formal.

Congreso espera dictamen para avanzar

Por su parte, desde el Legislativo, el diputado liberal Fernando Castro, miembro de la comisión que dictamina la iniciativa, confirmó que el borrador final del proyecto de ley de empleo parcial ya está listo y que solo esperan la opinión de la CSJ para someterlo a discusión.

“Nosotros hicimos llegar la nota (a la CSJ) a las 9:08 de la mañana, tal como consta en el acuse de recibo. Esperemos que podamos recibirla y avanzar lo más pronto posible”, indicó.

En tal aspecto, el congresista subrayó que la iniciativa ha sido socializada con diversos sectores, incluyendo centrales obreras, empresa privada y autoridades laborales.

“Aquí no venimos a perjudicar ni al trabajador ni al empresario”, aseguró.

Asimismo, destacó que existe respaldo político suficiente para su aprobación.

“Sabemos que contamos con la mayoría”, afirmó, aunque reiteró la importancia de construir consensos entre las distintas bancadas.

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CSJ defiende proceso y plazos

Por su parte, el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, explicó que el Poder Judicial se encuentra dentro del plazo establecido para emitir su opinión y detalló el procedimiento interno que sigue el análisis.

“El plazo empieza a correr 24 horas después de recibido el oficio”, precisó, al aclarar que la solicitud fue recibida el 18 de marzo.

Duarte indicó que la Sala de lo Laboral ya analiza el documento y que sus integrantes trabajan en consensuar una postura.

Duarte, explicó que el oficio enviado por el Congreso Nacional fue recibido el 18 de marzo, por lo que el plazo para responder no comenzó ese mismo día, sino 24 horas después, es decir, el 19 de marzo.

A partir de esa fecha, detalló que el conteo de las 72 horas corre sobre días hábiles, por lo que el proceso técnico se desarrolla entre jueves y viernes, mientras la Sala de lo Laboral analiza el contenido y recopila las opiniones de sus magistrados.

Asimismo, Duarte indicó que el lunes se prevé que la Sala consensúe una postura y la remita a la presidencia de la CSJ, que luego deberá convocar al pleno de magistrados para aprobar el dictamen y enviarlo al Congreso Nacional.

“Se esperaría que el día lunes la sala pueda reunirse y remitir una posición a la presidencia”, explicó.

Posteriormente, añadió, el pleno de magistrados deberá conocer el dictamen antes de enviarlo al Congreso Nacional.

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En ese contexto, el funcionario subrayó que la Corte busca cumplir con los tiempos establecidos. “Con todo el interés de atender el plazo de 72 horas”, concluyó.

Ley de empleo parcial en Honduras ¿Se hará realidad?

El proyecto de ley de empleo parcial en Honduras, impulsado desde enero de 2026, busca regular las contrataciones por horas o jornadas reducidas dentro del marco legal, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales sin eliminar los derechos básicos de los trabajadores.

La iniciativa pretende incorporar a miles de personas que actualmente laboran en la informalidad, permitiéndoles acceder a beneficios como seguridad social y pagos proporcionales.

Además, la propuesta establece mecanismos para equilibrar la relación entre empleados y empleadores, promoviendo condiciones más flexibles sin afectar las garantías laborales existentes.

Sus impulsores sostienen que esta normativa facilitaría la generación de empleo, especialmente para jóvenes, madres solteras y personas que no pueden cumplir jornadas completas, en un contexto marcado por altos niveles de desempleo.

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