"A la Ley de Justicia Tributaria le hacen falta muchas cosas. Los problemas del país son serios y hay que analizarlos con seriedad, no superficialmente. La ley tiene muchas flaquezas. Así como está no garantiza buenos resultados", dijo el empresario a Diario Matutino, de HRN.

Al respecto, también analizó que la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo solo llama a tener un control de los contribuyentes, pero que no hay reducción del gasto corriente en el Gobierno.

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"Debería ser disminuido el impuesto sobre ventas (ISV). No hay compromiso de revisar el ISV ni para el control del gasto", señaló.

Asimismo, Facussé reprochó presuntas componendas que se estarían dando a cambio del apoyo en el Congreso Nacional para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.

"Me preocupa que les estén que les estén ofreciendo a los diputados plazas laborales a cambio de su voto de apoyo. Esto es un soborno", condenó.

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Es como un cheque en blanco

Por su parte, Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), destacó que la propuesta de ley de Justicia Tributaria solamente pretende crear los incentivos fiscales denominados Zonas Francas y Rinde (Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo), pero no plantea la normativa ni los aspectos conceptuales y operativos de los mismos.

"Solamente decir que se cree el Rinde y posteriormente de ceder todo a un tema reglamentario, con todo el respeto, le voy a llamar pereza legislativa, porque los proyectos de ley lo que hacen es programar una norma y no solamente se pueden limitar a venir y crear un incentivo en materia fiscal (...), la manera como está concebido es prácticamente firmar un cheque en blanco", sentenció.

Además, señaló que un de los factores que deben discutirse es el impuesto sobre ventas, mismo que fue aumentado de 12% a 15% en 2014.

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Sobre ello apuntó que "¿por qué razón no buscamos aprovechando la oportunidad para eliminar eso que fue malo para la población? ¿O es que acaso solamente vamos a eliminar aquello que decimos que se legalizó y que afecta al Gobierno, pero no vamos a eliminar aquello que se legalizó y que afectó a la población?".

Remesas familiares

Solórzano también llamó al Gobierno de Honduras y al Congreso Nacional a informar a la población sobre los rumores de presuntos gravámenes a las remesas familiares, ya que son muchas las dudas que la ciudadanía tiene al respecto.

"En el tema de las remesas, que sentimos nosotros que se ha tratado de hacer ver como que la gente quiere crear desinformación, no creo que sea desinformación, lo que estamos es desinformados, más bien, porque en este momento lo que nosotros tenemos son dudas y las dudas son para responderlas", expresó.

Igualmente, instó a que los diferentes sectores en debate sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria sean consecuentes para discutir ese tipo de temas para beneficio de la población y reducir la pobreza.

'Ley de Justicia Tributaria no gravará las remesas familiares'

El Banco Central de Honduras (BCH) publicó en las últimas horas un comunicado que data del 23 de marzo de 2023, en el que explica que las remesas familiares no serán objeto de cobro de impuesto sobre la renta (ISR).

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"El ISR se aplica a todos los ingresos producidos en Honduras y de aquella cuya fuente se encuentre en el extranjero cuando corresponden a personas residentes en nuestro país", explicó el BCH en el escrito.

Y continúa: "El proyecto de 'Ley de Justicia Tributaria' no contempla gravar las remesas familiares, dado que transferencias de recursos económicos de nuestros migrantes originados desde los lugares donde residen y enviados a sus familias".

Reforma tributaria

El Congreso Nacional comenzó este lunes con la socialización del proyecto de reforma tributaria con unas 20 organizaciones, cuyo proceso se extenderá durante esta y la próxima semana.

Dicho proyecto de ley fue anunciado por la presidenta hondureña Xiomara Castro el 30 de enero de 2023 y enviado al CN el 25 de abril.

La reforma contempla la eliminación de 16 regímenes de exoneración fiscal, con lo que el Gobierno pretende evitar la evasión fiscal.

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