Tras audiencia inicial, un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente general de la empresa Plasticards S.A., por suponerla responsable de fraude y lavado de activos en perjuicio de la Secretaría de Seguridad y de la economía del Estado de Honduras.
Según los elementos presentados por el Ministerio Público, Liana Mayorga habría participado en una operación ilícita que generó un perjuicio al Estado por más de 18 millones de lempiras, a través del suministro de tarjetas PVC para licencias de conducir.
Contrato irregular con empresa recién constituida
Conforme a un comunicado del Poder Judicial, las investigaciones señalan que en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular la compra de 480,000 tarjetas a Plasticards S.A., una empresa que apenas había sido constituida dos meses antes.
Aunque se reportó oficialmente el ingreso de la totalidad de las tarjetas, solo llegaron al país unas 258,000.
Cinco días antes del cambio de administración, el 22 de enero de 2022, la Secretaría realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a la empresa.
Tres días después, Liana Mayorga transfirió cerca de 17 millones de lempiras a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, quien tenía prohibición legal para contratar con el Estado.
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Triangulación internacional para lavar fondos públicos
Por su parte, el Ministerio Público también reveló que, aunque el contrato fue otorgado formalmente a Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa estadounidense Interamerican Service Unlimited Corp. y traídas al país por la firma Inversiones MyM S. de R.L., de la cual Molina sería socio.
Al respecto, las autoridades sostienen que ambos imputados utilizaron fachadas empresariales y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular los fondos y ejecutar operaciones de lavado de dinero.
LEn tal sentido, la jueza valoró los medios de prueba y ordenó la remisión inmediata de Liana Mayorga Castillo al Centro Penitenciario Femenino de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, mientras continúan las investigaciones.
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