Estas libretas, que fueron incautadas a Meza, contenían información sobre operaciones relacionadas con el traslado y pagos por cargamentos de drogas, en las que presuntamente se efectuaban transaciones con el exmandatario y otras personas cercanas a él.
"Lo que funciona es precisamente esta parte, cuando son personas que colaboran con la DEA (Administración de Control de Drogas). Si el señor Magdaleno (Meza) estaba ya oficializado de que era colaborador de la DEA y es asesinado, es una carga probatoria fuerte (...). Si había nexos que se puedan probar con respecto a ellos, sí ya estaba colaborando que se dieron", dijo García a El Informativo del Mediodía, de HRN.
Esta relación, si se confirma, podría tener implicaciones significativas para el caso. por lo que García señaló que este elemento podría fortalecer considerablemente la acusación contra Hernández en el juicio estadounidense.
"Me imagino que eso será una carga bien pesada, porque ya incluirlo también el asesinato de una persona que era colaboradora (de la DEA), eso tiene peso bastante adentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos", advirtió.
Al respecto, Omar García explicó a HRN que el sistema de justicia de Estados Unidos tiene la particularidad de que, aunque no perdone toda la sentencia a un acusado, sí se le reduce la misma dependiendo de la manera y cuanto colabore.
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"Se presentan por parte de la Fiscalía y no sé si aceptan otra entidad gubernamental o estatal, pero para ver si quiere colaborar y si colaborar, pues entonces en forma, ahí empieza a dar su testimonio", explicó.
¿Qué escenarios enfrenta JOH y qué repercusiones tendría?
Más allá del juicio contra JOH, García abordó las posibles repercusiones políticas en Honduras en el caso de que sea declarado culpable o inocente en los cargos que se le imputan.
"Si lo absuelven y retorna, él va a ser enjuiciado por el Ministerio Público (MP) de Honduras," indicó, sugiriendo que incluso si Hernández es absuelto en EE. UU., enfrentará desafíos legales en su país natal.
Y es que el exgobernante está señalado en el caso Pandora II, por presuntamente recibir al menos 62 millones de lempiras para financiar su campaña política mediante artimañas como la creación de empresas ficticias, prestanombres y contratos inexistentes.
Estos fondos se canalizaron a través de movimientos como "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", así como a la sociedad mercantil "La Cachureca" y a sus gerentes de campaña departamentales.
Además, predijo que si es declarado culpable, podría haber un efecto dominó perjudicial para el Partido Nacional en Honduras, entidad que podría quedar vetada por Estados Unidos.
"Así le pasó al partido BAAZ de Irak, por ejemplo, al partido BAAZde lo que era Siria, entonces, los partidos pueden entrar en una lista de organizaciones que no se consideran como representativas de una sociedad", manifestó García.
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Y prosiguió: "El Partido Nacional ahorita tiene que estar analizando, pero los miro dormidos, no han expulsado a la gente que se cambió de nacionalidad (...), yo pensaría que tienen que actuar. Si tienen estrategas, tienen que analizar y prepararse para ellos. Si viene por acá (JOJH, lo van a enjuiciar aquí en Honduras por lo que se le acusa también, ya hay un expediente ahí".
Las declaraciones de 'El Tigre' Bonilla y Mauricio Hernández
Profundizando en las complejidades del caso, García analizó las declaraciones de figuras clave como el exdirector de la Policía Nacional, Juana Carlos 'El Tigre' Bonilla, y el exoficial de la misma entidad, Mauricio Hernández.
"En el sistema norteamericano, cuando se agarran a personas que están vinculadas para la parte acusatoria, ellos tienen un sistema muy interesante que aplican la ley de colaboración eficaz", indicó García.
Esta estrategia legal -afirmó- permite a los acusados reducir sus sentencias a cambio de colaboración, lo que podría ser determinante en el juicio contra el expresidente Hernández.
El caso de Juan Orlando Hernández
Juan Orlando Hernández, expresidete de Honduras entre 2014 y 2022, enfrenta cargos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en EE. UU., por su presunta participación en una red de narcotráfico desde 2004 hasta 2022.
Tras dejar el poder en enero de 2022, fue solicitado en extradición por EE. UU. en febrero de ese mismo año, cuando fue capturado, y dos meses después, en abril, fue extraditado hacia EE. UU.
Hernández es acusado de utilizar su posición para apoyar a organizaciones de narcotráfico, proteger a narcotraficantes, y de haber recibido un soborno millonario de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
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