El Ministerio Público (MP) tiene previsto evacuar este día la etapa de conclusiones en el caso de los siete hospitales móviles adquiridos para atender a los pacientes con covid.
Como se recuerda, la semana pasada se dio por cerrada con la presentación de los medios de prueba, entre los que se destaca la ruta de los fondos utilizados para concretar el fraude. Inversiones Estratégicas (INVEST), hizo el pago de casi 48 millones de dólares en dos entregas al intermediario Elmed Medical System.
Corrupción
La compra de siete hospitales móviles para la atención de pacientes con covid, ha sido el más grande capítulo de corrupción en tiempos de pandemia.
A partir de marzo de 2020, cuando fueron diagnosticados los primeros casos de pacientes infectados, funcionarios gubernamentales comenzaron a ejecutar un plan de contingencias para hacerle frente a la emergencia sanitaria.
Al calor de dicha situación de apremio, un grupo de políticos -interesados en sacar provecho particular y hacer "negocios"- entraron en alianza con ciertos proveedores e intermediarios que se prestaron a ese juego de podredumbre.
En ese contexto, INVEST puso en operación una trama para la adquisición de siete clínicas móviles. Aquí es cuando surge la figura de Axel López como mediador de la compra contaminada.
Escándalo
A mediados de 2020 estalló el escándalo por el desembolso de 1 mil 200 millones de lempiras que fueron pagados para el traslado de Turquía a Honduras, de siete unidades asistenciales que no reunían las condiciones para brindar cuidado a los enfermos por covid, que fueron entregadas con demora, sin garantía técnica y operativa, y provistas de equipo con múltiples fallas.
La Fiscalía abrió el expediente de investigación, llevó a cabo el allanamiento de Invest-Honduras y de otras dependencias estatales, tomó declaración a sus funcionarios (entre éstos a la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores), e inició el procesamiento de los directivos de Inversiones Estratégicas, Marco Bográn y Alex Moraes.
Los imputados se declararon inocentes, mientras organismos de la sociedad civil, líderes de la iglesia y representantes de la empresa privada intensificaron su presión para que el Gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández se comprometiera a castigar a los corruptos metidos en el bochornoso caso de los hospitales móviles.
Cuestionamiento
Los cuestionamientos formulados en 2020 también se hicieron caer sobre las autoridades de la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público y contra los Poderes Legislativo y Judicial, debido a su "inacción" para hacer caer todo el castigo a los culpables de haber sustraído 1 mil 200 millones de lempiras en la contratación sobrevalorada de siete hospitales, llamados "chatarras" o "carpas desmontables".
En 2021, la investigación permaneció empantanada. Apenas se conoció que Honduras solicitó a la Interpol que fuera librada orden de detención contra Axel López, lo que nunca ocurrió. Este opaco personaje se encuentra, hasta hoy, burlándose de la población, víctima del fraude.
El vergonzoso episodio de los hospitales móviles volvió a ser colocado en la agenda en 2022, con motivo del inicio del juicio oral y público contra los exdirectivos de Invest, Bográn y Moraes.
Evidencia
El Ministerio Público evacuó 58 medios documentales, dos evidencias, ocho pruebas periciales y dos testificales ante el Tribunal de Sentencia del Circuito Corrupción por dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios. Además, propuso seis nuevos medios de prueba en la etapa de incidentes.
Hasta ahora no han sido llevados a la justicia los otros autores materiales del hecho y tampoco se ha dado a conocer la identidad de los "responsables intelectuales", que son los que "maquinaron" el robo en perjuicio del pueblo hondureño.
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