El empleado del Ministerio Público enfrenta acusaciones de concusión, que consiste en que un funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de sus funciones exige, obliga, fuerza o induce a alguien a dar o prometer al mismo funcionario o empleado público o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida, según el Código Penal.

Además, se le supone responsable de usurpación de la personalidad de otro y uso de información privilegiada en perjuicio de la administración pública, según un comunicado presentado por la institución.

El caso tiene su origen en noviembre de 2022, cuando Hernández Domínguez se hizo pasar por un agente de investigación de lavado de activos. Según el escrito del MP, el acusado se presentó ante los propietarios de un supermercado, solicitando la considerable suma de dos millones de lempiras.

El argumento que el acusado presuntamente utilizó fue desvincular a la empresa de una operación supuestamente orquestada por el propio Ministerio Público, relacionada con una investigación sobre lavado de activos.

Con astucia y aprovechando su posición como guardia de seguridad, Hernández Domínguez, fingiendo ser abogado e investigador, programó una reunión en un hotel capitalino con los empresarios del supermercado.

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En dicha reunión, expuso detalles sobre la operación planificada en materia de privación de dominio, asegurando que para proteger al supermercado de las implicaciones, era necesario el desembolso de la mencionada cantidad de dos millones de lempiras. Un giro aún más inquietante es que el acusado argumentó poseer información secreta y privilegiada para respaldar sus demandas.

Testigo clave

El caso cuenta con el respaldo de un testigo, cuya declaración se presentó como prueba anticipada. Este testigo, presumiblemente presente en la reunión, podría ser fundamental para esclarecer los hechos y establecer la culpabilidad de Hernández Domínguez.

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