El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles que el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a todos los fiscales de la entidad para que estén plenamente disponibles y coordinados con la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE).
Esa instrucción se emitió a pocos días de las elecciones primarias del domingo 9 de marzo.
Según un comunicado del ente acusador del Estado, la medida tiene como objetivo reforzar el trabajo de la UECDE en la recepción de denuncias y garantizar una ejecución rigurosa de las investigaciones antes, durante y después del proceso primario.
"Llegaremos a cada rincón del país y, tarde o temprano, presentaremos requerimientos fiscales contra aquellos malos hondureños que no fueron capturados en flagrancia. Esta vez, el pueblo debe tener la certeza de que su voluntad en las urnas será respetada", reza el escrito del MP y el fiscal general.
Acciones contra delitos electorales
Al respecto, el Ministerio Público advirtió que procederá penalmente sin excepciones contra cualquier ciudadano o miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que intenten manipular la voluntad popular.
Dicha manipulación, según el MP, podría darse mediante la compra de votos, falsificación de documentos electorales, alteración de resultados o el incumplimiento en el uso de herramientas tecnológicas como el sistema biométrico.
Además, la instrucción del fiscal general, según el MP, en coordinación con la Policía Nacional, se mantendrá vigilante y actuará con firmeza para garantizar el respeto al proceso electoral.
Entretanto, el MP informó que la ciudadanía podrá denunciar cualquier irregularidad a través de las líneas 107 y 108, habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pronunciamiento del fiscal general
A través de su cuenta en la red social X, Johel Antonio Zelaya afirmó que para garantizar la legalidad del proceso electoral, ordenará capturas de ciudadanos y funcionarios que atenten contra el proceso democrático.
"Haciendo uso de mis facultades establecidas en la Constitución de la República, ordenaré la aprehensión de ciudadanos, incluyendo a cualquier funcionario que intente vulnerar el derecho del pueblo a ejercer su voluntad en las urnas", reza el posteo de Johel Zelaya en X.
Unidad Especial Contra Delitos Electorales
En noviembre de 2024, el Ministerio Público anunció la activación de la UECDE con el propósito de fortalecer la transparencia y legalidad en las elecciones primarias de marzo y las generales de noviembre de 2025.
Según un comunicado oficial, esta unidad operará bajo la dirección del fiscal general y se enfocará en investigar y perseguir delitos relacionados con el proceso democrático.
Entre las conductas a perseguir se incluyen la compra de votos, coacción, falsificación de documentos electorales y alteración de resultados.
Principales delitos electorales y sus sanciones
La Ley Electoral de 2021 contempla diversas figuras delictivas en materia electoral, con penas diseñadas para disuadir irregularidades y proteger el derecho al sufragio.
- Coacción y amenaza electoral
Según el artículo 542 del Código Penal, quienes impidan a otros ejercer sus derechos electorales o interfieran en el funcionamiento de los organismos electorales enfrentarán penas de 4 a 6 años de prisión. Esto incluye actos como:
- Obstaculizar actos legítimos de propaganda electoral.
- Impedir la apertura de votaciones o alterar el desarrollo del proceso.
- Falsificación de documentos electorales
El artículo 543 establece que la falsificación de documentos clave, como el Censo Nacional Electoral, papeletas de votación o credenciales del Tribunal Supremo Electoral, se castiga con 4 a 8 años de cárcel y una multa de 300 a 500 días.
Adicionalmente, los condenados perderán su ciudadanía por el tiempo que dure la pena.
- Retardo e irregularidades en procesos electorales
El artículo 544 sanciona con 4 a 6 años de prisión a quienes retrasen injustificadamente la emisión de documentos electorales, alteren el censo o cometan irregularidades en las Juntas Receptoras de Votos.
Delitos cometidos por extranjeros
Por otra parte, la legislación hondureña también establece penas para ciudadanos extranjeros que interfieran en procesos electorales.
De acuerdo con el artículo 545, quienes obstaculicen la función electoral serán expulsados del país, mientras que el ejercicio ilegal del sufragio con identidad hondureña será sancionado con 10 años de cárcel y expulsión al finalizar la condena.
Destrucción de propaganda electoral
Finalmente, el artículo 547 penaliza con multas de 100 a 200 días a quienes destruyan intencionalmente propaganda electoral colocada en lugares públicos autorizados.
Llamado a la ciudadanía
El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con responsabilidad y a denunciar cualquier irregularidad.
"La democracia se fortalece cuando la justicia es garante de un proceso electoral limpio y transparente", concluyó el MP..
