El involucramiento de mujeres en actividades de sicariato se ha acentuado en el sector transporte, más aún después de que la actividad se ha reactivado después de muchos meses de confinamiento por la pandemia covid.
Los asesinatos de los operadores de la actividad se han reactivado en la medida en que también las redes criminales volvieron a la infame cobro de la extorsión, el principal factor de inseguridad en el transporte.
El lunes fue ejecutado otro atentado mortal contra el motorista de un autobús rapidito que fue abatido por una fémina desde una moto en marcha en la ruta hacia El Tizatillo, en Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Giezi Guevara Cortés.
En la primera quincena de octubre, el crimen contra el motorista de un autobús en el bulevar de Las Fuerzas Armadas de Comayagüela también fue perpetrado por una mujer, quien se conducía como pasajera en una motocicleta.
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La información recopilada por la Policía Nacional indica que la fémina descargó el arma que portaba contra el chofer de la unidad de transporte público, pero –como suele ocurrir- las investigaciones quedaron estancadas y ni la ejecutora del hecho ni el hombre que la acompañaba para concretar el asesinato por encargo han sido identificados ni puestos a la orden de la justicia.
El mismo modo de operación se puso en marcha en una escena sangrienta en la que otro conductor perdió la vida, siempre en la capital.
Fue al término de septiembre, cuando una mujer disparó a quemarropa al motorista que murió minutos después de haber sido trasladado a la sala de emergencia del Hospital Escuela.
Los datos recabados en la escena –que por cierto son los únicos que se conocen hasta ahora- señalan que los criminales se dirigían en moto, esperaron que la unidad se estacionara, se colocaron al lado de la puerta por la que abordan los viajeros y completaron su misión. El momento fatal quedó grabado por las cámaras instaladas por el sistema 911.
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Los informes de la Fuerza Antimaras y Pandillas concluyen que las mujeres han pasado de ser parejas sentimentales de miembros de asociaciones ilícitas a ser el brazo ejecutor del crimen organizado.
Hasta julio del año pasado, las agencias de seguridad y de investigación habían contado al menos 130 mujeres, entre adultas y menores de edad, vinculadas con delitos mayores y de más impacto. Más de treinta féminas fueron requeridas por la justicia.
Dirigentes de organizaciones que abogan por la reivindicación de los derechos y demandas de las mujeres, aseguran que la participación de éstas en actividades ilícitas -particularmente en la extorsión y crímenes contra operadores del transporte- es el reflejo de la descomposición de la sociedad hondureña.
Dirigentes del sector han expresado su petición en el sentido que ojalá el asesinato de los operadores y dirigentes del transporte público no quede en la impunidad y que las autoridades hagan lo pertinente para terminar de una vez por todas con el acoso de las bandas criminales. Las fuerzas especiales de investigación han establecido que el sector transporte está infiltrado por grupos delictivos y que algunos de los propios dirigentes y operadores se han aliado en redes de extorsión, con la incorporación de mujeres como su brazo ejecutor.
