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La reforma del sistema de justicia es un imperativo ante la corrupción, la impunidad, la violencia y la desigualdad social en Honduras, recomienda un informe del Sistema de Naciones Unidas.



El Estado de derecho está debilitado y los procesos democráticos sufren una desaceleración, mientras la capacidad del Estado para cumplir los derechos de la población está fracturada y el contrato social se ha fraccionado, de acuerdo con un análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.



Ese mismo estudio enfatiza en que el crecimiento de la impunidad y los altos niveles de violencia y desigualdad, vuelven urgente la recomposición del sistema de justicia bajo un enfoque de independencia, equilibrio de los poderes del Estado y fortalecimiento del desarrollo humano.



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Desde el punto de vista de los entendidos, el país necesita progresar en el fortalecimiento y la consolidación de una democracia, para lo cual es necesario retomar las reformas político-electorales e institucionales.



Otro de los ejes propuestos para avanzar hacia una justicia imparcial y una democracia eficaz es la reforma de la seguridad ciudadana para el desarrollo humano.



En este punto, los representantes de Naciones Unidas y los especialistas locales sostienen que las políticas de Estado en materia delictiva deben ir orientadas a la prevención.



En uno de sus apartados, el informe sobre Desarrollo Humano de la ONU advierte que la prevención social del delito dentro de la población joven del país se vuelve una necesidad, dadas las condiciones de riesgo que generan la pandemia y los altos flujos migratorios.



Asimismo, los enormes rezagos sociales y económicos de la población, expresados en pobreza extrema, desempleo y desigualdad, vuelven urgente un enfoque de desarrollo que considere una distribución territorial de recursos más equitativa y mecanismos de fortalecimiento democrático.



Todo esto debe ir asociado con políticas sociales inclusivas y protección social. Los informes de Naciones Unidas señalan que, pese al crecimiento económico y al incremento del gasto en protección social en el período 2000-2019, la informalidad laboral, la desigualdad de ingresos y las tasas de pobreza no registraron mejoras.



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Honduras está metido en un círculo vicioso de pobreza y de desigualdad; además, la política económica está lejos de responder al desarrollo humano sostenible.



El informe sobre Derecho Humano de la ONU, califica que el sistema tributario es regresivo; la evasión fiscal, elevada; y la presión tributaria, por arriba del promedio de Centroamérica, lo que indica la necesidad de una reforma fiscal para un manejo eficaz y transparente de los recursos, mayor inversión y un productivo gasto público.



Por otra parte, en Honduras las brechas de género constituyen una de las formas de desigualdad y, a la vez, uno de los principales obstáculos para el progreso social y democrático del país.



En suma, el Estado de derecho está debilitado y los procesos democráticos sufren una desaceleración, mientras la capacidad del Estado para cumplir los derechos de la población está fracturada y el contrato social se ha fraccionado.



Esto hace que las autoridades de Honduras tienen el desafío de introducir una serie de reformas para volver más eficientes la justicia y la democracia para garantizar el desarrollo humano, la igualdad social y el progreso económico.



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Hay que recomponer sistema de justicia ante corrupción, impunidad, violencia y desigualdad

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