Requerimiento fiscal contra un policía activo y un juez de justicia municipal fue presentado por la fiscalía de turno en el municipio de Alauca, El Paraíso, informó el Ministerio Público este miércoles 27 de abril.
A los imputados Eduardo Alonzo Cáceres Gómez (juez municipal) y Edid Javier Cáceres Gómez (policía activo) se les señala por el delito de portación ilegal de armas, de acuerdo con la Fiscalía.
Los individuos fueron capturados durante un retén militar el pasado lunes 25 de abril en la aldea San Antonio de Alauca, en aquel municipio.
De acuerdo con la comunicación del Ministerio Público, los sospechosos se transportaban en una motocicleta, por lo que los agentes del orden practicaron el registro personal a ambos tripulantes.
Armas decomisadas
De este modo, a Edin Javier Cáceres Gómez, conductor de la motocicleta y policía asignado de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE) en Tegucigalpa, se le encontró una escopeta negra con un cartucho, así como seis cartuchos plásticos sin percutir.
Detienen a policía y a juez de justicia municipal de Alauca https://t.co/qtmA2KaIIl pic.twitter.com/TTJvDEfrYi
— Ministerio Público (@MP_Honduras) April 26, 2022
Igualmente, a su acompañante, Eduardo Alonzo Cáceres Gómez, actual director de Justicia Municipal de la corporación municipal de Alauca, se le encontró una pistola con un cargador negro con 15 cartuchos sin percutir, así como otro cargador de las mismas características en una bolsa de su pantalón, sumando así 30 cartuchos sin percutir.
Por otra parte, los implicados fueron remitidos a la Dirección Policial de Investigación (DPI) en El Paraíso Tras el registro practicado, siendo acusados del delito de portación ilegal de armas de fuego en perjuicio del orden público.
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Vale destacar que, según informó el Ministerio Público, las armas decomisadas no tenían registro de balística ni permiso autorizado para portarlas.
Pena que podrían pagar los sospechosos
Asimismo, los capturados podrían purgar una pena de entre 3 y 6 años de prisión, según establece el artículo 332-B del Código Penal, que reza “Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión”.
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