Por eso es que nuestras preocupaciones, en efecto, tenían sentido en aquel momento; estaban fundamentadas en el temor de que la injerencia político partidista terminara permeando finalmente el proceso. Por eso es que lo decíamos con vehemencia.
Con la selección de los jueces para el máximo tribunal de justicia, Honduras se estaba jugando su presente y futuro.
¿Y cómo no iba a ser así?, si el futuro de la sociedad hondureña, de nuestra democracia, de la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico, descansan sobre un entramado constitucional, garantista de estabilidad, confianza, seguridad e institucionalidad.
De ahí el celo y el recelo que como sociedad tuvimos con ese proceso de integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Era mucho lo que estaba en juego para nuestro país. De la selección y escogencia de magistrados y jueces independientes e imparciales, sometidos únicamente a la Constitución y las leyes, dependía nuestro futuro.
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Y hoy, los jueces, que uno exigía fuesen buscados y seleccionados con lupa, comenzaron temprano a "sacar las uñas". Ya dijeron a qué intereses responden. Lo que ha pasado en la Corte Suprema con la rotación de las coordinaciones de salas, sólo nos recuerdan los temores aquellos.
Para tener un tribunal y jueces a la medida de la justicia y la imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y las leyes, es imperativo mantener a raya la injerencia partidista en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema.
Y a eso es a lo que se le temía. Que nuevamente los magistrados jueces del máximo tribunal de justicia del país se terminaran "matriculando" con los padrinos políticos que los colocaron.
Se trataba de un momento histórico. Se trataba de la reconstrucción o edificación del andamiaje constitucional e institucional que puntualmente en su entramado jurídico y legal, requiere de la selección de operadores de justicia probos y garantes del Estado de Derecho; hombres y mujeres cuyo perfil más visible sea la meritocracia e idoneidad; ciudadanos y ciudadanas confiables, imparciales, de probada honradez y vocación de servicio.
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Los y las que tal como lo refiere el artículo 303 de la Constitución de la República, estén dispuestos incluso a ofrendar sacrificio y vida por la autoridad abrogada de impartir la justicia que emana del pueblo y en nombre del Estado de Honduras!
Hombres y mujeres independientes y sometidos únicamente a la Constitución y las leyes.
Ese era el único perfil que los diputados debían y tenían que ponderar. Para ellos suponía también y quizás, su última oportunidad para contribuir a construir un nuevo orden para seleccionar a togados probos y competentes, sometidos a la Constitución y las leyes, y no a los partidos y poderes del Estado que los promuevan.
Que este precedente funesto que temprano se vuelve a sentar, no reprima nuestra necedad de seguir luchando por la independencia del Poder Judicial. Se trata de una tarea crucial por la legitimidad de la institucionalidad creada. Los partidos políticos no pueden seguir manteniendo su influencia en el Poder Judicial.
Honduras necesita avanzar en una lucha frontal contra la injerencia política y todo lo que de ella deriva. Es urgente erradicar qué todo lo que le provocó al país vergüenza y desencanto, enojo y rechazo, no siga siendo moneda de curso corriente. Que la impartición de justicia no siga siendo ni un negocio ni el traspatio de los políticos y de los partidos.
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