Tal y como fue anunciado desde la semana pasada, el Gobierno presentará un reporte detallado sobre el estado de las finanzas de Honduras.

Seguramente el informe a la nación establecerá, en esencia, el profundo desequilibrio entre los ingresos y los gastos, que la propia presidente, Xiomara Castro Sarmiento, definió como la condición de un país en quiebra.

Ya se adelantó, por parte de quienes tienen a cargo de la cartera ministerial de Finanzas, que en los últimos dos meses de la gestión anterior fueron sustraídos más de 10 mil millones de lempiras que se supone fueron utilizados para el pago de deuda flotante.

Las cuentas no cuadran. Altos cargos de la administración pasada habían afirmado que quedaban en las arcas 14,000 millones de lempiras, los funcionarios que tomaron posesión el mes anterior denunciaron que nada más encontraron disponibles alrededor de 800 millones de lempiras.

El panorama se vuelve más borrascoso si, como se ha revelado, el 60 por ciento del Presupuesto de la República para el ejercicio 2022 ya no existe a causa de que fue comprometido en gastos desde finales de 2021.

Dos medidas han sido adoptadas en términos emergentes: la exoneración de la tarifa de la ENEE para los abonados de bajo consumo y la rebaja de diez lempiras en el valor del galón de combustibles.

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Al tenor de los cálculos realizados por el gobierno Castro Sarmiento, el impacto del subsidio para los abonados de energía eléctrica de escasos recursos será de alrededor 1,000 millones de lempiras y la  subvención para los carburantes provocará que el fisco deje de recibir unos 3,000 millones.

El sacrificio fiscal será compensado mediante el mejoramiento en los niveles de recaudación tributaria, han indicado los personeros gubernamentales de alto rango, lo cual debe de ser interpretarlo como una advertencia de que vendrá un proceso de ajuste fiscal que puede ser doloroso para las mayorías necesitadas.

Y en efecto, hay señales en tal dirección. El Congreso Nacional autorizó a la Administración Central la adquisición de una nueva deuda por unos 2,000 millones de lempiras y  la Secretaría de Finanzas  ha remitido un paquete de medidas para gravar los rubros de construcción y de transacciones bancarias y financieras que le dejarían a la hacienda unos 4,200 millones de lempiras.

Las finanzas se encuentran en hondo desequilibrio, pero las actuales autoridades están desafiadas a ejecutar acciones que permitan enmendar los errores acumulados.

Los expertos aseguran que, en principio de cuentas, es urgente que sea reformulado el plan de gastos e ingresos; que se evalúen los indicadores de la deuda pública; y que se coloquen las finanzas bajo reglas de disciplina.

Los críticos dicen que lo más importante es que el Gobierno también realice un sacrificio, que precisamente fue una de las demandas que se había planteado a la gestión pasada, pero que nunca fue atendida. Simplemente el Gobierno prestó oídos sordos.

Así como están las finanzas, Honduras no está en condiciones de seguir tomando préstamos caros, ni  de mantener un gasto corriente como el actual, presionado por salarios diferenciados de que gozan funcionarios de cúspide del Banco Central, Banprovi e Inversiones Estratégicas, para sólo hacer referencia a las entidades donde sus servidores devengan entre 100,000 y 340,000 lempiras mensuales.

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