El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia, expresó su preocupación ante la reducción del 61% en el presupuesto solicitado para el proceso electoral, tanto primario como general, de 2025, lo que, según él, compromete la capacidad del organismo para garantizar la justicia electoral en el país.
Flores Urrutia explicó a La Tarde, de HRN y TSi, que, en mayo y septiembre de 2023, el TJE remitió oficialmente la solicitud de presupuesto para los comicios del próximo año. La petición ascendía a 42 millones de lempiras para las elecciones generales y 39 millones para las primarias.
Sin embargo, informó que el Congreso Nacional aprobó solo 31 millones de lempiras para ambos procesos, una cifra muy por debajo de lo requerido.
"Nos recortaron el 61% de los fondos. Estamos sumamente preocupados. El pleno del Tribunal va a solicitar una reconsideración al Congreso Nacional. No sé hasta qué punto aceptarán nuestra petición porque estamos en un año electoral, en un contexto político tan conflictivo y polarizado. Lo que queremos como pleno es garantizar una verdadera justicia electoral", afirmó el magistrado.
Impacto en la operatividad del TJE
El magistrado advirtió que la reducción presupuestaria afecta directamente la capacidad del organismo para administrar la justicia electoral de manera efectiva.
"Creo que los diputados que analizaron la solicitud de nuestro presupuesto no ven el impacto ni la dificultad que tenemos para ejecutar y administrar la justicia electoral", enfatizó.
Además, Flores Urrutia también señaló que el TJE opera habitualmente con solo 48 empleados, por lo que, en un año electoral, se requiere la contratación de personal adicional, así como el alquiler de espacios más amplios para gestionar los recursos y la logística de los comicios.
"Necesitamos logística, computadoras, transporte y una serie de recursos para poder cumplir con todos los actores electorales en los diferentes niveles electivos", explicó.
Plazos reducidos para resolver disputas electorales
A pesar del panorama financiero adverso, Flores Urrutia destacó como un aspecto positivo la aprobación de una nueva ley que obliga al Tribunal a resolver disputas electorales en un plazo máximo de 30 días.
"Antes, hubo municipios donde pasaron tres, cuatro o hasta cinco años sin autoridades definidas. Ahora, por ley, en 30 días debemos dar respuesta a los actores o candidatos para definir una candidatura", detalló.
El magistrado confirmó que, aunque el presupuesto ya fue aprobado por el Congreso Nacional, el TJE aún está realizando gestiones administrativas ante la Secretaría de Finanzas para que los fondos sean acreditados a sus cuentas institucionales.
"Haremos una distribución equitativa y, sobre todo, sabia, para ajustarnos al presupuesto asignado", aseguró.
El rol del Tribunal de Justicia Electoral
El Tribunal de Justicia Electoral de Honduras fue creado mediante los decretos legislativos 200-2018 y 2-2019, ratificados en 2019, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos electorales del país.
Su misión es actuar como la máxima autoridad en justicia electoral y resolver conflictos derivados de los comicios.
Con plena autonomía e independencia, el TJE está compuesto por tres magistrados propietarios y dos suplentes, electos por el Congreso Nacional. Sus resoluciones son definitivas e inapelables, salvo en casos específicos contemplados en la Ley sobre Justicia Constitucional.
La reducción presupuestaria genera incertidumbre sobre la capacidad del Tribunal para garantizar un proceso electoral transparente en 2025, un año clave para la democracia hondureña.
