La tragedia, que cobró la vida de más de 107 reclusos, resultó en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2012, la CIDH dictaminó que el Estado de Honduras debía compensar a las familias de las víctimas.
Sin embargo, la audiencia de hoy ha revelado que parte de esos fondos, que comenzaron a pagarse en 2017, fueron desviados fraudulentamente presuntamente por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Es así que la fiscalía presentó un conjunto de pruebas, incluyendo 11 testimonios, 30 pruebas documentales y tres análisis periciales.
44 medios de prueba propone el #MP en audiencia inicial por fraude y estafa en el INP pic.twitter.com/LPlFwzcrHb
— Ministerio Público (@MP_Honduras) December 26, 2023
Los abogados defensores, ante la magnitud de las pruebas, solicitaron una suspensión para revisar los materiales, lo cual fue concedido por el juez, postergando la continuación de la audiencia hasta el 3 de enero de 2024.
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La secuencia de hechos
El Ministerio Público descubrió que 49 cheques destinados a las familias de las víctimas fueron cobrados por una misma persona, quien actuó con poderes no otorgados por las víctimas.
De tal modo, se encontraron además irregularidades en la documentación y las autorizaciones de los expedientes de la Comisión del INP.
La operación para desarticular este esquema de fraude fue realizada por equipos especializados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Nacional el 11 de diciembre de 2023.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).
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