Así lo informó este martes Wilmer Cálix, dirigente del transporte en Tegucigalpa, quien lamentó que a los operarios y propietarios de los autobúses ya no les alcanza el dinero para cumplir con las exigencias de los extorsionadores.
"Lamentablemente la ruta sigue detenida por no llegar a un arreglo con los grupos criminales", expresó Cálix a noticiero Hoy Mismo, de TSi, al enfatizar en que más de 600 millones de lempiras se han pagado por extorsión en 2023 por parte del rubro.
De igual manera, relató que son unas seis rutas de buses que han ido cerrando gradualmente, debido a la extorsión de la que son víctimas, aunque no indicó cuales son estas rutas.
Esta misma medida fue adoptada en semanas anteriores por operarios de la ruta Cerro Grande - UNAH - La Sosa, cuyas 76 unidades dejaron de operar por ser víctimas sdel flagelo.
Al respecto, lamentó también que nos 52 operarios de buses, taxis y mototaxis han perdido la vida a manos de criminales por el pago de extorsión, aunque detalló que la cifra ha reducido en comparación con la que cerró 2022, cuando se registraron 89 víctimas.
Además, pidió a las autoridades de Seguridad en el país que el estado de excepción, vigente en Honduras desde diciembre de 2022, se emplee con mayor fortaleza en 2024.
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"Esperamos que este año 2024 si el estado de excepción entra con más fuerza, con otros componentes que no han estado a la altura, que no han brindado algunas instituciones, esperamos que en 2024 haya un compromiso de ellas en la reducción de la extorsión a nivel nacional", expuso.
Debido al cierre de la ruta de buses de Mateo - Tapias - La Isla, los pobladores de la aldea Mateo han optado por caminar hasta donde circula la ruta interurbana de Lepaterique - Tegucigalpa, así como también mototaxis que conducen hasta zonas donde se pueden tomar otros buses urbanos.
Así lo constató noticiero Hoy Mismo, que se desplazó hasta la aldea Mateo, donde las calles lucen desoladas a inmediaciones de la terminal de los autobuses.
De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Seguridad, entre enero y diciembre de 2023, la Policía Nacional ha impedido el pago de más de 56 millones de lempiras por extorsión mediante distintas acciones para proteger a los diversos sectores afectados por este problema.
Entre estos sectores resalta el rubro del transporte, que paga alrededor de 35 millones de lempiras al mes por el mal llamado "impuesto de guerra".
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