Como producto de la presión ejercida contra la creación del Fondo para el Desarrollo Sostenible, fue retirado el proyecto que había sido introducido en el Congreso Nacional.
A inicios de esta semana, dirigentes de una veintena de organizaciones sindicales habían recrudecido sus acciones de protesta y amenazado con sostener un movimiento fuerte hasta lograr que fuera engavetada la iniciativa que -según ellos- buscaba descapitalizar las instituciones de previsión social, lo que finalmente ocurrió
Los análisis de economistas resaltan que en Honduras hay casi un millón de personas mayores de 65 años, cuya expectativa es la de tener un retiro justo y una jubilación digna.
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De esa masa, se calcula que menos de 300 mil reciben un ingreso por parte del sistema previsional, el grueso de ellos de parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el resto de los otros sistemas.
Los expertos plantean como uno de las grandes inquietudes qué ocurrirá con los adultos mayores que no están bajo la sombrilla de la seguridad social.
Se agrega otra duda: ¿Qué pasará dentro de dos o tres décadas, cuando los ancianos sean la mayoría de la población y no exista un sistema que los ampare?
Los especialistas en el tema, entre ellos el ex ministro Julio Raudales apuntan: "¿Por qué subyace la pretensión de manosear los recursos de las entidades previsionales y colocarlos en riesgo?
El proyecto de la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible que ha sido retirado de la Cámara Legislativa, tenía la finalidad de administrar uno o más fondos de inversión y otros vehículos e instrumentos.
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Los recursos iban a ser destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios que ofrecieran una rentabilidad adecuada y favorecieran el crecimiento socio-económico e inclusivo, además de un impacto en beneficio de las mayorías.
Lo que se perseguía era regular la gestión de fondos especiales y promover la inversión productiva nacional y extranjera directa en iniciativas rentables de infraestructura y servicios que redundaran en el crecimiento socio-económico y en la distribución de la riqueza generada.
En el fondo, la meta era acceder con discrecionalidad a los dineros que están en resguardo del sistema de previsión en un monto que supera los 100,000 millones de lempiras.
Una vez que -por ahora- ha sido sepultada tal finalidad desviada, queda pendiente realizar un análisis completo sobre la seguridad, justicia y equidad social.
