El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado este miércoles al Ministerio Público (MP) para que actúe de oficio ante cualquier plan que busque atentar contra el uso de la biometría en las elecciones primarias del próximo 9 de marzo.
A través de un comunicado oficial, el CNE solicitó que el MP realice investigaciones urgentes para identificar cualquier acto de planificación o ejecución destinado a alterar el uso del dispositivo biométrico durante las elecciones del domingo.
"Los actos para inflar los resultados y atentar contra la soberanía popular, incluyendo la destrucción y daño intencionado de cualquier material contenido en la maleta electoral y el kit tecnológico, constituyen un delito con penas de cuatro a seis años de prisión", señala el documento.
Medidas para proteger el proceso electoral
El pronunciamiento del CNE surge un día después de que el Ministerio Público informó que el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a los fiscales de la institución a coordinar esfuerzos con la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE).
Según un comunicado del ente acusador, la medida busca fortalecer la recepción de denuncias y garantizar una investigación rigurosa antes, durante y después del proceso primario.
"Llegaremos a cada rincón del país y, tarde o temprano, presentaremos requerimientos fiscales contra aquellos malos hondureños que no fueron capturados en flagrancia. Esta vez, el pueblo debe tener la certeza de que su voluntad en las urnas será respetada", enfatiza el MP.
La Fiscalía General advirtió que actuará sin excepciones contra ciudadanos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que intenten manipular la voluntad popular mediante compra de votos, falsificación de documentos electorales, alteración de resultados o el incumplimiento del uso de herramientas tecnológicas, como el sistema de biometría en las elecciones
Unidad Especial Contra Delitos Electorales
El MP anunció en noviembre de 2024 la activación de la UECDE con el objetivo de reforzar la transparencia en las elecciones primarias de marzo y las generales de noviembre de 2025.
Bajo la dirección del fiscal general, esta unidad investigará delitos electorales, incluyendo:
- Compra de votos.
- Coacción y amenazas a votantes.
- Falsificación de documentos electorales.
- Alteración de resultados.
Sanciones por delitos electorales
La Ley Electoral de 2021 establece penas para distintos delitos relacionados con el proceso electoral:
- Coacción electoral: de 4 a 6 años de prisión para quienes impidan el ejercicio del voto o interfieran en la labor de los organismos electorales.
- Falsificación de documentos electorales: de 4 a 8 años de prisión y multa de 300 a 500 días.
- Manipulación de procesos electorales: de 4 a 6 años de cárcel por retrasar injustificadamente la emisión de documentos o alterar el censo electoral.
- Intervención extranjera en elecciones: expulsión del país y hasta 10 años de prisión por ejercer el voto de manera fraudulenta con identidad hondureña.
