El analista Olban Valladares manifestó este sábado 17 de mayo que uno de los problemas con el caso Koriun, investigado todavía por las autoridades, es que el mismo se ha politizado para dividir a la población.
Valladares indicó lo anterior refiriéndose a la devolución del dinero a los afectados por la empresa, donde el oficialismo ha propuesto el uso de fondos públicos en caso de que no ajuste el de la financiera, mientras que diversos sectores han expresado una postura en contra.
Según indicó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, las personas que actualmente dicen que están a favor del pueblo respecto a este caso tuvieron que haber advertido desde años atrás lo que estaba pasando.
"Si son defensores del pueblo, debieron haber defendido desde el principio, no hasta ahora cuando ya la leche esté derramada", sostuvo.
Continuó que el problema es que el caso de esta financiera, que captó millonarias sumas de dinero de miles de hondureños, se ha politizado "por los voceros del régimen".
"Los voceros del régimen han estado pretendiendo indicar que quienes se están oponiendo a esto es porque están en contra de Libre o en contra de doña Xiomara (Castro)", manifestó.
Sin embargo, negó que sea así y, contrario a ello, recordó que es un precepto constitucional que hay que respetar.
Consecuencias para quienes aprueben uso de fondos públicos para Koriun
Olban Valladares advirtió que los funcionarios que aprueben el uso de fondos públicos para el caso Koriun podrían enfrentar consecuencias legales.
"No se olviden que la responsabilidad es de tipo individual y personalísima", empezó recordando.
"Cualquier persona que participe de manera directa e inmediata en esta barbaridad que se puede cometer, imprescriptiblemente de aquí a 50 años, a 25 años, a 5 años, pueden recurrir", añadió.
Incluso, destacó que estos podrían poner en juego su patrimonio personal debido a que el mismo podría ser utilizado "para resarcirle al Estado las cantidades que se ha obligado a pagar por una mala decisión".
Proyecto de ley sobre uso de fondos públicos por caso Koriun
Respecto al proyecto de ley que se pretende enviar al Congreso Nacional para que el Estado pague a afectados por Koriun, el analista precisó que "no tiene ni pies ni cabeza".
"Se pretende con un decreto secundario arreglar un entuerto que nace de la Constitución de la República, el procedimiento tendría que ser un anteproyecto que se modifique la Constitución, pero esa tiene que ser ratificada en la próxima legislatura, donde ya no va a haber un Congreso como el que está en este momento. Y la ley no es retroactiva, jamás podría ayudarle a esta pobre gente que invirtió", explicó.
También cuestionó que, en dicho proyecto, las personas que invirtieron cantidades bajas producto de sus prestaciones sean vista de igual forma que aquellos "ambiciosos, codiciosos" que ingresaron millones de lempiras.
"Eso no puede ser, y este decreto de alivio de esa deuda está intencionado, no discrimina, abarca a todo el mundo, y eso no es justo para las personas que tienen que pagar con sus impuestos un delito de estafa que a todas luces podría implicar que los que participan también se conviertan en estafadores", puntualizó.
Caso Koriun en Honduras
El Ministerio Público aseguró el 23 de abril las instalaciones de Koriun Inversiones en Choloma, Cortés, tras confirmar que la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, prometiendo rentabilidades semanales del 5 %.
El presunto fraude habría afectado a más de 35 mil personas y, durante al menos siete años, captó millonarias sumas de dinero.
Aunque la financiera operaba con una autorización de la Alcaldía Municipal de Choloma para funcionar como una casa comercial, no contaba con el permiso de la Comisión Nacional de la Banca y Seguros (CNBS) para captar fondos de los ahorrantes.
Pese a ello, ni la CNBS ni el Ministerio Público tomaron acciones concretas hasta finales de 2024.
Fue hasta abril de 2025, tras meses de recopilación de pruebas, que la CNBS y el Ministerio Público intervinieron formalmente las oficinas de Koriun.
En la misma se descubrieron más de 358 millones de lempiras en efectivo, además de 69 millones en cuentas bancarias a nombre del gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, y Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, su esposa.
Ambos fueron capturados y a los dos se les dictó detención judicial al ser acusado de lavado de activos y, en caso de Velásquez, de desobediencia, y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido y permitido.
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