El Tribunal de Apelaciones para el Undécimo Circuito del Distrito Sur de la Florida falló a favor del Estado de Honduras y el Instituto Nacional Agrario (INA) en el caso Bock Holdings LLC et al. v. República de Honduras, No. 23-13552, según informó este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la entidad estatal, esta decisión del Tribunal de Apelaciones representa una victoria significativa para Honduras en un conflicto legal con un grupo de inversionistas estadounidenses.
Esta victoria evitó, según la PGR, un impacto económico negativo significativo a las finanzas públicas de Honduras, estimado en casi $ 90 millones ($89,509,061.95).
El caso en el que Honduras ganó la demanda involucra a aproximadamente 15 inversionistas estadounidenses que alegaron la expropiación de sus terrenos en la Bahía de Trujillo, Colón, en el norte de Honduras, lo que supuestamente les ocasionó daños y perjuicios.
Según un comunicado de la PGR, los demandantes afirmaban que el gobierno hondureño había actuado en detrimento de sus inversiones, buscando una compensación por las pérdidas sufridas.
En respuesta, Honduras presentó una moción para desestimar el caso basándose en la inmunidad soberana del Estado, por lo que el Tribunal de Distrito concedió la moción y desestimó la demanda en su totalidad el 31 de enero de 2023.
Sin embargo, los demandantes apelaron esta decisión.
Triunfo legal de Honduras
El 28 de junio de 2024, el Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación del caso, respaldando el argumento principal de Honduras de que ninguna excepción a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera era aplicable, dado que la disputa involucraba bienes propiedad de un nacional hondureño, cuya decisión fue unánime, sin disenso entre los jueces.
La defensa exitosa de esta demanda fue coordinada internamente desde la Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de abogados externos y el Instituto Nacional Agrario (INA).
Impacto económico de demandas contra Honduras
Además de este caso, el Estado de Honduras ha enfrentado un considerable número de demandas, aunque no por tierras, sino por despidos injustificados. Desde 2022 hasta abril de 2024, el país ha pagado aproximadamente L 4,400 millones en más de 6,800 demandas, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante 2022, el gobierno recibió cerca de 4,000 demandas, mayormente por mala ejecución de despidos, resultando en pagos superiores a los 2,800 millones de lempiras. En 2023, la cantidad de demandas disminuyó a aproximadamente 2,800, con un costo de L 1,600 millones para el Estado.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).
