De nuevo, la clase política volvió a demostrar su incapacidad de consensuar y entenderse alrededor del bien común del pueblo hondureño. Que lejos está sin duda esta institucionalidad de querer caminar por el mismo camino. 

Las actitudes de los políticos del patio continúan alejadas de los grandes intereses de la nación y del bien común; el compromiso de la clase política le sigue siendo distante a la democracia participativa, a la aspiración ciudadana de bienestar general, a la consecución de un modelo comunitario solidario e inclusivo.

Sin duda, que a esta casta gobernante le interesa poco el desarrollo económico y el bienestar social. 

Y que oportunidad están dejando ir, no solo de limpiar su cara sucia frente a una sociedad que ha dejado de confiar y creer, sino de legitimar y fortalecer la institucionalidad partidista, hoy desacreditada y deslegitimada precisamente por el comportamiento de esta rancia casta renuente a convivir en un estado de derecho y de respeto a la convivencia pacífica y comunitaria.

¿Cuán diferente no sería Honduras, si por ejemplo, ahora, ésta clase política estuviese enfrascada en consensuar un solo criterio de idoneidad e incuestionable perfil de rectitud y apego a la Constitución y los intereses comunes? ¿Cuánta legitimidad y confianza no le daría a la democracia, el consenso legislativo alrededor del frente común contra la impunidad y la corrupción que podría ser la Ciccih?

Miren. Aquí no se va a poder superar la tremenda incertidumbre que priva, o la desesperante frustración que obliga a miles de hondureños a salir diariamente del país.

Un pacto o un acuerdo que no sea nada más para repartirse cuotas de poder e influencias, no le permitirá a Honduras construir una agenda de intereses comunes, y mucho menos, que los hondureños aspiren a alcanzar alguna vez un estadio comunitario de bienestar social y económico.

La clase política, lamentablemente, está volviendo a perder otra oportunidad, con la llegada de la instancia internacional contra la corrupción, de alcanzar consensos  básicos, para recuperar la confianza de la gente en ellos, legitimar la institucionalidad, para fortalecer la democracia y el estado de derecho.

Los resultados que esa ceguera de los políticos a buscar consensos por intereses comunes y nacionales, a empoderar la tolerancia mutua y los grandes acuerdos, nos ha dejado entonces un escenario de país  fuertemente polarizado y dividido. El  grado de conflictividad social y de ingobernabilidad ha precarizado y debilitado la democracia.

Esas consecuencias devastadoras deberían hoy suponer un desafío para la clase política. Apostar a un gran acuerdo por la inclusión y el bien común y no sólo de sus camarillas. Un pacto de país por el crecimiento, elevado y persistente, que nos lleve a niveles más altos de bienestar y equidad, única forma de construir y hacer perdurable una democracia auténtica, moderna y participativa.

Una sociedad progresa, sienta las bases de su desarrollo, cuando en principio reconoce y trabaja en un necesario  propósito nacional de compartir equitativamente sacrificios y recompensas. Un imperativo para salir de la pobreza.

Consensos para un gran pacto que concentre esfuerzos  hacia un propósito nacional que nos ayude a definir un marco, un marco político, económico, social que garantice tanto la gobernabilidad como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos de hoy y del futuro plantean. 

Hoy más que nunca, los consensos son tan urgentes y esenciales para que una democracia, la institucionalidad, la clase gobernante,  cumplan de buena manera con el fin constitucional que es servir a la voluntad colectiva y al interés general de la sociedad.