Una vez concluida la etapa de la evacuación de proposición de pruebas en el juicio sobre los hospitales móviles, lo que sigue es la fase de las conclusiones convocada para esta fecha.
No hay que cantar victoria por el paso que ha dado el Ministerio Público de llevar a juicio oral y público a los ex funcionarios de Inversiones Estratégicas, Marco Bográn y Alex Moraes, imputados por fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos.
Aunque se obtuviera sentencia condenatoria contra esos dos ex servidores públicos, la deuda con el pueblo hondureño únicamente puede ser saldada cuando se dé a conocer quiénes son los otros responsables materiales y dónde están los culpables intelectuales, con el fin de que reciban lo merecido.
En materia de corrupción, no puede existir "indulgencia"; mucho menos impunidad para los culpables de actos como el de los hospitales móviles.
En lo que respecta a las estructuras sanitarias temporales que fueron adquiridas de manera fraudulenta por 1 mil 200 millones de lempiras, el brazo de la ley debe abarcar a todos los personajes involucrados en tal o cual grado de responsabilidad penal.
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La falta de castigo es la regla que prima en Honduras para los deshonestos que se apropian de los fondos públicos. De ahí que la Fiscalía no haya intervenido con suficiente contundencia desde el inicio y que el Poder Judicial lo haya hecho como un ente inválido.
Los organismos anticorrupción han sido una voz en el desierto que pide el peso de la justicia para quienes se apropiaron de una significativa cantidad de dinero para hacer negocios en medio de la “calamidad sanitaria”.
El Tribunal Superior de Cuentas tampoco ejerció con rigurosidad su atribución de auditoría. Y en lo que corresponde a la Procuraduría General de la República, sus superiores se escudaron en una avalancha de explicaciones para ocultar su inmovilidad frente al detestable expediente de los sanatorios desmontables traídos para los enfermos de covid.
Dos burócratas: Bográn y Moraes, son procesados por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, pero No se ha iniciado acción alguna para "desenmascarar" y poner bajo las leyes a los personajes que también tuvieron una participación directa o colateral desde sus posiciones de cúpula, mientras el intermediario de la empresa Elmed Medical System, Axel López, sigue gozando del poder que le ha dado la impunidad. No hay ejecuciones concretas contra él.
Es casi un hecho que Honduras no va a recuperar los 1 mil 200 millones de lempiras tomados por todos los sujetos que entraron en la "gran estafa", destinados a la instalación de hospitales temporales durante la pandemia.
Lo que no hay que permitir es que los indignos actores del vergonzoso capítulo de los hospitales móviles escapen del brazo de la justicia. Es el más grande acto de corrupción para el cual no debe haber "ni olvido ni perdón".
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