Si la actividad productiva aumentara en un 30 por ciento, el crecimiento económico del país repuntaría mucho más allá de los indicadores que históricamente nunca ha superado.
Y si la acción gubernamental y la voluntad política, canalizadora de las estrategias públicas dirigidas a la inversión, el financiamiento y la diversificación del sector, se hubiese concretado, el fortalecimiento del aparato productivo sería entonces una de las historias de éxito de Honduras.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, reza el adagio. Y en Honduras ese adagio adquirió carta de ciudadanía.
El desarrollo del aparato productivo nacional ha sido a través de los años una carrera de obstáculos. El limitado financiamiento al productor ha sido, por ejemplo, un freno a su crecimiento.
El sistema financiero, público y privado, ha tenido a través de los años, una participación reducida en la actividad productiva, a pesar de ser éste, el motor que emplea al 35 por ciento de la población económicamente activa.
El sector productivo agropecuario ha contribuido sostenidamente con su participación, a la variación porcentual de las exportaciones de bienes del país, y por años ha liderado la generación de divisas vía exportaciones, pero eso tampoco parece haber sido suficiente para convertirse en un foco prioritario del financiamiento público y privado.
Según el Foro Social de la Deuda Externa, Fosdeh, la cartera agrícola apenas ha rondado históricamente un 4.4 por ciento, mientras los créditos para el consumo y el comercio superan con creces el 40 por ciento de dicha cartera.
El aparato productivo ha sido el que proporcionalmente, menos recursos recibe del sistema financiero. Han sido, evidentemente, limitados recursos para el productor nacional.
El Estado de Honduras ha quedado a deber en la articulación de un esquema de financiamiento a un sector que, a pesar de resentir una inyección crediticia limitada, ha mantenido un crecimiento sustantivo de las exportaciones de productos agropecuarios.
Es la hora de apostar al agro, a pesar de los criterios que siempre se esgrimieron para clasificar y evaluar el crédito agropecuario, que por el crecimiento sustantivo y sostenido del sector, debería tener los mismos criterios del consumo, la construcción y el comercio.
No puede ser aceptable que en Honduras sólo el 3 por ciento de la población rural ha recibido crédito de la banca comercial. La falta de capitalización no puede seguir menguando la capacidad productiva del sector.
Es un imperativo de país apostar a una política pública que gestione el riesgo agropecuario integral, así como la implementación de los seguros agropecuarios en distintas modalidades.
El zurco hondureño necesita iniciativas que de manera integral levanten la sostenibilidad productiva y la seguridad alimentaria, por lo que el esfuerzo público y privado debe, como ahora, integrarse y potenciar las oportunidades de desarrollo que tiene el sector agropecuario.
