En la escala de las organizaciones terroristas han sido declaradas las maras y pandillas, mientras el alto mando de la cartera de Seguridad propone un Estado Ordinario Reforzado y el Congreso Nacional ha procedido a la aprobación de una serie de reformas para combatir las maras y pandillas y fortalecer el sistema penitenciario.
La criminalidad está desbordada en el país. Los propios datos estadísticos de la Policía Nacional reflejan que septiembre es el mes más violento de 2026 con un promedio de ocho homicidios cada día, encima de los seis sucesos sangrientos que, en promedio, fueron registrados entre enero y agosto de este año.
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Las cifras comparativas son suficientes para concluir que, en todas estas décadas, ha fracasado la misión de combatir las redes de malhechores, terminar con la impunidad, recobrar la capacidad de investigación y alcanzar una verdadera coordinación entre los operadores de justicia.
Las acciones de los delincuentes se han reproducido y extendido de manera alarmante, especialmente en las modalidades de narcotráfico, extorsión y sicariato, amén de que los funcionarios que están al mando del sector seguridad hayan amenazado a las agrupaciones criminales con perseguir a sus miembros en cualquier rincón donde se encuentren.
Los grupos de forajidos han encontrado espacios libres para sus intervenciones, pero los cuerpos de seguridad y de investigación no han afinado sus estrategias.
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Las acciones contra las agrupaciones de forajidos son menguadas, porque no están en sintonía con una política graníticamente elaborada y pensada para su ejecución integral.
La respuesta de las instituciones del Estado en el pasado reciente apenas se ha centrado en iniciativas de corto plazo como el "estado de excepción" o el "toque de queda", cuyos resultados han sido fallidos.
El anhelo de los hondureños de bien es que la batalla contra las estructuras delictivas y criminales tenga resultados efectivos y no patentizados en informes políticos y reportes arreglados.
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La batalla debe ir encaminada a revisar qué es lo que se ha hecho en otros países para contener a los criminales que han perforado su institucionalidad. ¿Cuál es el camino que tendríamos que tomar para no sucumbir, sino avanzar en el combate a las asociaciones del hampa?
A través de las fuerzas de seguridad y de las agencias de investigación, en conjunto con los operadores de la justicia, el Estado debe dar un golpe de timón y afinar la batalla en pro de la seguridad, la protección de la vida y el acceso de los hondureños a una justicia pronta.
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