Lo hemos dicho antes. Hay una media que reza que en tiempos de vacas flacas, es decir, de crisis,  socarse la faja  a través de rigurosos controles en el gasto corriente y en la contención del derroche de recursos,  se convierte en una obligación. 

El gasto corriente, al promediar el primer semestre del año, se disparó hasta los 124 mil millones de lempiras, mientras en el renglón de sueldos y salarios a la burocracia estatal, el Estado tuvo que erogar la bicoca de 50 mil millones de lempiras.

Para la compra de bienes y servicios, entre ellos, seguramente, camionetas de lujo y boletos aéreos para esas numerosas delegaciones oficiales que andan conociendo mundo, se desembolsaron en los primeros seis meses del 2024, más de 37 mil millones de lempiras.

En el otro extremo, en inversión pública productiva, al cierre del mes de julio, apenas se había ejecutado el 31. 70 por ciento, mientras en el mes de agosto, el gobierno de la República se endeudaba más con un préstamo de 350 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.

Así entonces, el pago de la deuda pública seguirá rondando el 59 por ciento del producto interno bruto del país.

Continuamos gastando lo que se gastó siempre y viviendo a nivel del engranaje público, en una especie de burbuja con altos burócratas que devengan estratosféricos salarios que llegan a triplicar incluso lo que nominalmente percibe el propio presidente de la República.

Los sueldos y salarios de más de 200 mil burócratas están drenando más de la mitad del producto interno bruto, mientras todas las semanas un gremio se declara en paro protestando por atrasos en el pago de sus raquíticos estipendios salariales.

Es claro, como lo alertaba ayer en HRN el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, que el país no puede seguir así, con un gasto corriente destinado a sostener una masa salarial que engulle seis de cada 10 lempiras del presupuesto general de ingresos y egresos.

De ahí la presión de organismos internacionales, de la academia, y de la misma sociedad civil, para que la institucionalidad gobernante ajuste la faja del gasto corriente. Que asuma con conciencia y responsabilidad el manejo de los exiguos fondos públicos.

Anualmente la partida para cubir el pago de servicios personales aumenta en unos 19 mil millones de lempiras y en el renglón de sueldos y salarios, el aumento promedfio anual es de un 20 por ciento, mientras la eficiencia de la burocracia estatal es cada vez más cuestionable.

La administración central no ha podido tampoco cerrar el otro hoyo fiscal que son las empresas  de servicio público y los institutos previsionales que globalmente engullen más de 60 mil millones de lempiras anuales. 

Mientras los ingresos tributarios, que no son ni mas ni menos que lo que nos sacan de nuestros bolsillos, siguen siendo exiguos, lo que queda para inversión social productiva es casi una lágrima. El resultado es que a los pobres les toca apenas 30 centavos de cada lempira recaudado por la vía impositiva.

La nueva institucionalidad no pudo tampoco hacer la tarea. Se les olvidó que tenían que ser sensibles con el bien común y comprometidos con el país.