Un duro revés para el Estado de Derecho de Honduras representan las peticiones de extradición presentadas por Estados Unidos contra nacionales, a quienes se les ha ligado con estructuras criminales, en opinión de sectores críticos.
¿Está inválida la justicia en Honduras? Así se deduce de un hallazgo que fue revelado por la Comisión Especial nombrada: No han sido ejecutadas más de 30 órdenes de captura de extraditables.
Los legisladores que conocen del asunto están pendientes de que la Corte Suprema de Justicia entregue información certificada que indique la fecha en que fueron recibidas las peticiones de detención provisional de los solicitados por la justicia estadounidense y cuándo se procedió a hacerlas efectivas.
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Dirigentes de opinión pública dedicados al análisis de lo que ocurre en el país, condenan que el aparato de persecución del delito y de impartición de justicia nacional esté gravemente debilitado.
No es en Honduras, sino en Estados Unidos donde se originan las investigaciones sobre el involucramiento de ciudadanos de este país en las estructuras del crimen organizado que conspiran para el tráfico de drogas e ilícitos conexos.
A la fecha, el Poder Judicial ha determinado conceder la extradición de 32 hondureños. Las más recientes peticiones de este tipo son las que corresponden al ex mandatario, Juan Orlando Hernández, y al ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos "el tigre" Bonilla.
Hondureños extraditados
Se destacan los casos de Carlos Arnoldo Lobo, José Inocente, Luis Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, Juan Carlos Arbizú, Ludwing Zelaya, Arnulfo Fagot, José Amaya Argueta, Fredy Mármol y Michael Dixon Rivers para sólo mencionar algunos de quienes ya fueron extraditados.
Hay una evidente negligencia para desmontar la corrupción y la impunidad en Honduras. De ello dicen estar convencidos los sectores críticos que pugnan por la construcción de una legislación contundente contra el narcotráfico y otras modalidades de la criminalidad.
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Una vez que la comisión legislativa especial que ha iniciado una investigación en torno a las fallas que deliberadamente pudieron haberse cometido para "dejar hacer y dejar pasar" las acciones de la criminalidad transnacional, lo que se plantea es la aplicación de la figura de juicio político y la depuración de los operadores de justicia.
Críticos del sistema hondureño
Reconocidos juristas nacionales sostienen que la falta de un procedimiento transparente para el nombramiento de magistrados, jueces y fiscales, así como la injerencia que ha prevalecido del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, ha limitado la independencia judicial, atado las atribuciones de ejercer la acción penal y condicionado las tareas legislativas.
Los organismos de la sociedad civil han centrado sus análisis en un concepto: "En la última década, en Honduras los Poderes del Estado fueron cooptados" y, en este marco, la persecución del delito e impartición de justicia perdió sus principios de legitimidad, oportunidad y debido proceso.
Nuevamente se plantea el adecentamiento de toda la estructura de justicia en la batalla contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad.
De momento, la institucionalidad del país sufre un fuerte revés, en tanto Estados Unidos ha sustituido la impartición de justicia para los hondureños imputados por delitos graves ligados con el narcotráfico y conexos.
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