Este mes vence el ya antes ampliado convenio de entendimiento firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad.
Caduca en junio, el memorandum que amplió el plazo que las partes acordaron para la fallida llegada de la instancia internacional.
El gobierno de Honduras había pedido una extensión de seis meses al plazo acordado, al dilatarse los intentos que a lo largo de este ya extenso período de espera, ha sido la negociación del convenio, que seguramente más tarde que temprano, le dará vida a la CICIH.
Los cerrados espacios para hacer calzar los tiempos que ha tenido el proceso para la llegada de dicha comisión, se han ido cerrando más, en tanto nadie parece tener la llave en sus manos para abrir la posibilidad a que la sociedad hondureña no siga siendo víctima de la galopante corrupción pública y privada y la bárbara y rampante impunidad derivada.
Desde el gobierno insinúan que Naciones Unidas adhirió requisitos y condiciones que han limitado el radio de acción del Ejecutivo hondureño, mientras desde la sede de la ONU en Nueva York sostienen que si la Comisión Internacional no se aún instalado, es porque la clase política hondureña ha dilatado el proceso, en detrimento de una sociedad frustrada por la opacidad institucional para combatir el delito de cuello blanco y la aplicación de la ley, pronta y equitativa.
Instalación de la CICIH
No hay duda que en la instalación de esa comisión internacional descansan las aspiraciones de un pueblo por una institucionalidad fortalecida y blindada para investigar y perseguir penalmente los delitos, que como la corrupción y el crimen organizado, han flagelado y dañado a esta nación.
Tampoco se olvida que se trata también de una promesa más incumplida en medio de una urgencia nacional de que aquí se construya por fin una institucionalidad legal y un marco punitivo, para terminar de una vez con esa rampante y lesiva criminal impunidad.
Por eso es que el atraso y la ahora previsible cancelación de la llegada de la CICIH supone una frustración para los hondureños en el armado de un tinglado institucional para sancionar las conductas delictivas, en todas y sus conexas configuraciones.
En Honduras, la corrupción, en sus variopintas formas delictivas, fraudulentas concesiones, leoninos contratos, compras directas, ha sido, sin duda, como la impunidad, la peor plaga que ha caído sobre nosotros.
¿Más pobreza y desigualdad?
Ha resquebrajado el tejido social, agravando los niveles de pobreza y desigualdad. Ha sido devastador el daño y terribles las consecuencias.
De ahí que haya que seguir esperando más y más tiempo mientras se terminan de entender las partes, lo que no hace más que enrarecer este ya de por sí oscuro escenario de impunidad y opacidad en el que hemos estado sumidos, en tanto esta especie de hemorragia de inmoralidad e ilegalidad continúa desangrando al pueblo hondureño.
La corrupción, lo hemos dicho siempre, le niega a la población en estado de mayor vulnerabilidad, su bienestar y derecho a una vida digna; a la posibilidad de una mejor calidad de vida. ¿Por qué entonces no quieren que venga la CICIH?
La inacción y la dubitativa y complaciente actitud, ha sido el caldo de cultivo de una impunidad rampante, enraizada a su vez en una institucionalidad débil y complaciente.
Seguir haciéndose de la vista gorda y dilatando las acciones contra estos flagelos, es seguir conspirando contra el bien común y bienestar del pueblo hondureño.
