Las féminas en mención fueron requeridas por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en el avance en la investigación de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en junio de 2023, en la que murieron 46 reclusas.

El incidente, que se produjo alrededor de las 7:45 de la mañana del 20 de junio de 2023, fue el resultado de una cuidadosa planificación por parte de las acusadas, según el ente acusador.

De acuerdo con las investigfaciones del MP, las mujeres, que estaban alojadas en los módulos 6 y 7 de la PNFAS, sometieron a cuatro policías penitenciarias y obtuvieron el control de los módulos. Posteriormente, perpetraron ataques contra otras reclusas, particularmente aquellas asociadas con la mara Salvatrucha (MS-13).

Es así que las acusadas deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto y procedieron a asesinar a 23 reclusas. Además, en un intento por evitar que otras reclusas escaparan, incendiaron uno de los módulos, resultando en la muerte de otras 23 mujeres. Las víctimas, atrapadas y bajo fuego, fallecieron por asfixia o quemaduras.

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Según el MP, las acusadas utilizaron varias pistolas de calibres 9.380 y 45 milímetros, entre otros, para cometer el ilícito, armas que presuntamente fueron obtenidas desde el exterior de la cárcel.

Además, se encontraron armas de uso prohibido, entre las que destacan fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional,

En ese aspecto, el MP indicó que se dará seguimiento a las investigaciones con distintas pericias técnicas y científicas para esclarecer lo ocurrido en PNFAS y deducir responsabilidades a quienes hayan participado en el múltiple crimen.

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La tragedia

El 20 de junio de 2023 se produjo una reyerta en PNFAS, tras la cual murieron 46 privadas de libertad, algunas abatidas a balazos y otras calcinadas por el fuego tras un incendio que se suscitó en el centro penal.

El mortal incidente se produjo durante la gestión de la Comisión Interventora de los centros penales del país, misma que era encabezada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.

Tras la masacre, la comisión fue disuelta y las cárceles pasaron a estar bajo el control de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).

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