El 24 de marzo, en el marco de la Operación Omega III, agentes del Ministerio Público (MP), realizaron un aseguramiento a nueve bienes inmuebles y tres empresas relacionadas al alcalde capitalino Nasry "Tito" Asfura y la regidora Nilvia Ethel Castillo Cruz.
Según información del MP, al alcalde capitalino y a Castillo se le supone responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
Bienes asegurados
Los bienes asegurados corresponden a dos lotes en residencial Lomas del Molino fase I, propiedad de Nasry Asfura, una vivienda en la residencial Zarahemla etapa II de Cinthia Borjas, así como una casa en la residencial Prados Universitarios propiedad de Nilvia Castillo.
También una casa en la colonia Kennedy, propiedad de Óscar Rolando Uriate, una vivienda y un lote en la aldea Las Flores, Teupasenti, El Paraíso, que corresponde a Wilmer Gerardo Rodríguez.Además, las mediadas de aseguramiento incluyeron a las sociedades mercantiles Cementos S.A (Cesa), Inversiones Varias S.A (Invasa) y Desarrollo de Construcciones Equipo S.A (Decoesa), ubicadas en Torre Morazán en la capital hondureña.
¿Por qué no hubo incautación?
Expertos en materia penal explicaron a La Voz de Honduras, HRN, porqué las autoridades no realizaron incautación y solo ejecutaron aseguramientos.
De acuerdo con los especialistas, el aseguramiento de bienes tiene como objetivo esclarecer los hechos, es decir, se realizan cuando la persona es investigada por delitos ilícitos.
La ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, señala que el aseguramiento es una medida precautoria, una prohibición temporal de transferir, convertir, gravar o enajenar o trasladar bienes, productos, instrumentos o ganancias.
Mientras que, la incautación se hace cuando hay bienes de supuesta procedencia ilícita, es decir, se compra con dinero del crimen organizado.
La incautación se ejecuta cuando las autoridades correspondientes comprueban que el acusado es culpable de delitos ilícitos.
Según la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, la incautación "es la prohibición temporal decretada por la autoridad competente para privar de la posesión, uso traslado de bienes, productos, instrumentos u objetos utilizados o sobre los cuales hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de actividades ilícitas a que hace referencia esta Ley".
Cabe mencionar, que la Fiscalía acusa a Asfura por el presunto desvío de más de 29.4 millones de lempiras del fideicomiso de la alcaldía que fueron a parar a sus cuentas personales.
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