Los delitos por los que fueron denunciados los exdiputados y exfuncionarios del Gobierno abarcan abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, conspiración y traición a la patria, y tráfico de influencias.
Y es que el expresidente Juan Orlando Hernández se postuló para la reelección en la contienda de 2017 después de que la Sala Constitucional determinó que el párrafo segundo del artículo 239 de la Constitución de la República era inaplicable en su caso.
Este artículo tipifica que ningún ciudadano que haya ejercido la presidencia de l República puede ser electo nuevamente para elcargo.
El abogado José Adán Tomé, miembro de los denunciantes y asesor del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó a Tiempo que la base de la denuncia reside en la prohibición constitucional de la reelección presidencial en Honduras.
Esta prohibición llevaría, según Tomé, a que los 28 diputados del Partido Nacional (PN) señalados hayan perdido su ciudadanía y estén inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.
Además, Tomé acusa a estos parlamentarios de intentar boicotear el trabajo legislativo y buscar impunidad para evitar ser perseguidos por la justicia, lo que considera un atentado contra la integridad del sistema democrático del país.
La denuncia también se extiende a cuatro generales retirados de las Fuerzas Armadas, señalados específicamente por Tomé como "corruptos y traidores a la patria".
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Estos generales son Francisco Isaías Álvarez Urbina, Rene Orlando Ponce Fonseca, Tito Livio Moreno Coello y Fredy Santiago Diaz Zelaya, a quienes -aseguró- se les debería procesar y condenar por traición a la patria.
Reacciones de las partes
Al respecto, Nelson Ávila, exprecandidato presidencial de Libertad y Refundación (Libre), reiteró al programa La Tarde, HRN y TSi, que la denuncia se basó en el artículo 42 numeral 5 constitucional, que indica que la condición de ciudadano se pierde "Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de
la República".
"Apoyando el continuismo pierden la condición de ciudadanía, así lo dice y tipifica expresamente el artículo 42, numeral 5 (...), eso lo perdieron desde el momento en que apoyaron el continuismo y la reelección. La reelección fue, es y será inconstitucional", manifestó Ávila.
En ese aspecto, manifestó que los denunciantes piden que el Ministerio Público haga las investigaciones y que se aplique la justicia conforme a lo que reza la Constitución de la República.
Por su parte, el diputado Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, uno de los congresistas denunciados, manifestó que tanto él como los demás señalados no tienen ninguna preocupación al respecto.
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Asimismo, señaló que los partidos políticos y sus candidatos, que participaron en las elecciones en las que se reeligió Juan Orlando Hernández, validaron el proceso y "apoyaron indirectamente la reelección".
De igual manera, explicó que en su momento los diputados que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en uso del derecho para emitir un recurso contra el párrafo segundo del artículo 239 constitucional. Sin embargo, enfatizó en la vigencia que tiene el primer párrafo de dicho artículo.
Este artículo reza en su primer enunciado: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado".
Entretanto, el segundo párrafo rezaba: "El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por (10) diez años para el ejercicio de toda función pública".
Reelección de JOH
El expresidente Juan Orlando Hernández fue electo en la contienda electoral de 2013 para el periodo 2014-2018, pero de manera discutida, se postuló nuevamente para reelegirse en 2017, cuando fue declarado ganador del proceso sobre Salvador Nasralla, quien fue candidato independiente en alianza con Libre y el Partido Innovación y Unidad (Pinu).
De tal modo, Hernández gobernó por un segundo periodo consecutivo por el periodo 2018-2022 y tras dejar el cargo, fue extraditado hacia Estados Unidos en febrero de 2022, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico.
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