Un juez dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión contra Tania Yamileth Santos Antúnez, registradora del Instituto de la Propiedad (IP) en Trujillo, Colón, en el litoral Caribe de Honduras, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Según un comunicado del Ministerio Público (MP), la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro cuenta con un título comunitario de propiedad sobre un terreno de 959,483 hectáreas, debidamente inscrito en el registro del IP con matrícula número 795408.
Dicho título comunitario garantiza su dominio colectivo, amparado por la Ley de Propiedad y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales.
Sin embargo, una inspección realizada en la plataforma del Sistema Unificado de Registros (SURE) reveló que la registradora del IP habría autorizado la inscripción de 61 instrumentos de compraventa de estas tierras a favor de terceros, en contravención de las normativas legales y los derechos de la comunidad garífuna.
Acción fiscal y resolución judicial
Ante estos hechos, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-Etnias/PC) presentó un requerimiento fiscal contra la registradora del IP, señalándola como responsable de violentar los derechos de la comunidad y los principios de la administración pública.
De tal manera, durante la audiencia inicial, se le dictó un auto de formal procesamiento y se le impusieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Implicaciones del caso
De acuerdo con el ente acusador del Estado, la resolución representa un paso importante en la defensa de los derechos territoriales de la comunidad garífuna.
Las autoridades judiciales y fiscales continuarán con las investigaciones para determinar si existen otros involucrados y garantizar que se respeten los derechos de la comunidad de Cristales y Río Negro.
