De enero a agosto, los diputados, en una abrumadora mayoría, recibieron 177.8 millones de lempiras en subvenciones y ayudas sociales. Pero en el Congreso Nacional no hay registros de la liquidación de semejante cantidad de dinero, y menos, un listado oficial de los parlamentarios que recibieron los millonarios bonos.
La rendición de cuentas a deber, como ha ocurrido siempre en Honduras. Lo qué, en otras sociedades, menos en la nuestra, es pilar indiscutible de la legitimidad de la clase gobernante.
Un informe divulgado esta semana por la ONG ASJ reveló que de más de 4 mil candidatos a cargos de elección popular que participaron en los comicios del 2021, apenas 1600 publicaron un informe de sus gastos electorales y de las fuentes que financiaron sus campañas.
El mismo informe reveló además que de 262 millones de lempiras gastados en la campaña, nadie supo dar cuentas. La institucionalidad electoral no pudo obtener información alguna sobre el origen, evidentemente sospechoso, de ese millonario financiamiento.
¿Y preguntan entonces los políticos porque su legitimidad está en franca precariedad? Sólo en las sociedades en las que se avanzó en una adecuada rendición de cuentas, es donde la institucionalidad pública y la clase política gobernante, pudo generarle al ciudadano, credibilidad, respaldo público y, sobre todo, legitimidad.
Después, están los países como Honduras, en donde los partidos políticos son hoy las instituciones públicas peor evaluadas. En América Latina, la institucionalidad electoral de Honduras y Paraguay es la que menos confianza genera a su población.
En Honduras dejamos de exigirle a la clase política gobernante y a la misma institucionalidad, que nos rindiera cuentas, aun cuando el entramado jurídico nacional estableció la obligatoriedad de fiscalizar y escudriñar en el manejo de fondos.
Los servidores públicos, los que manejan fondos del Estado o provenientes de este, están en la obligación de informar sobre los planes operativos, los presupuestos asignados, las contrataciones de obras y servicios. Pero eso en Honduras no ha sido moneda de curso corriente.
La institucionalidad nunca se abrió a la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre servidores públicos y ciudadanía. Cuanta falta nos hace como país una institucionalidad que sea una carta abierta de probidad y rendición de cuentas, tal cuales libros contables expuestos, desde las fuentes de lucro o ingresos y las formas de financiamiento de las campañas políticas.
Justo reflejo de un sistema institucional que preciándose de democrático y legítimo, haya decidido apostar a la fiscalización y la rendición de cuentas.
Pero en Honduras, lamentablemente, la clase política y la institucionalidad pública, no se dieron cuenta de la utilidad de la transparencia y la rendición de cuentas como su mejor carta de credibilidad, respaldo público y legitimidad.
