Qué más de un millón y medio de hondureños no tengan acceso a los servicios públicos de salud, violenta uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, independientemente de su condición económica, social, e ideología política.
Qué en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, hayan sido postergadas por semanas y meses, más de 5 mil cirugías, porque no hay suficientes especialistas y quirófanos disponibles, o porque como ocurrió la semana anterior, no había ni siquiera gasas y algodón, violenta los derechos de los ciudadanos a un sistema de protección de la salud y a recibir un diagnóstico y tratamiento.
Cuando el Estado de Honduras apenas invierte 100 dólares por persona en la atención sanitaria primaria, en contraposición con el promedio de inversión en América Latina que es de casi 400 dólares, se vulnera el derecho a un sistema de protección sanitaria que proporcione a la población hondureña, sin discriminación alguna, las mismas oportunidades de alcanzar el nivel más digno y eficiente de salud.
Que no haya, aunque sea por uno o dos días, algodón y gasas en un hospital público, necesarias en una operación quirúrgica, no es un problema minúsculo.
Es el diagnóstico de que en Honduras la salud dejó de ser un derecho humano fundamental, mientras la inequidad en el acceso de la población al sistema sanitario público y a la medicina preventiva, terminó convirtiéndose en una patología casi en etapa terminal
La dolorosa realidad que expone la debilidad de un sistema colapsado por las profundas desigualdades y falencias estructurales y sociales, que superaron los beneficios que como país capitaliza el hecho de tener una población sana, dentro de un sistema en el que el acceso a la salud sea un derecho y no un privilegio.
La carencia de insumos básicos como el algodón o como una jeringuilla, o la inaceptable mora quirúrgica que solo en tres hospitales públicos es de unas 10 mil operaciones no realizadas a pesar de haber sido programadas, evidencia la pobre capacidad de gestión de un sistema desbordado, que le cerrado las puertas a los servicios de salud a la población hondureña en general.
La crisis profunda y la tragedia sanitaria expresada en las inhumanas filas diarias que cientos de pacientes tienen que hacer, en busca de atención médica o de una cita con un especialista que terminará evaluándolos, cuatro, cinco y hasta siete meses después de que se las dan.
Un indicador que además deja en evidencia el fracaso del Estado en la gestión de la salud pública es que apenas el 3 por ciento de la población hondureña está cubierta por un seguro privado.
El sistema sanitario público solo dispone de 9 especialistas para unos 10 mil pacientes, mientras en departamentos con alta densidad poblacional como Cortés, sólo hay 13 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes.
¿Y el derecho de las personas a la atención sanitaria universal?. El Estado de Honduras y su institucionalidad no puede renunciar al enunciado que la universalidad de la salud es además de un asunto de justicia y un derecho humano fundamental, un compromiso ineludible de eficientar el sistema sanitario.
Es inaceptable como injustificable, que se la hayan recortado 428 millones de lempiras al presupuesto destinado para la compra de insumos médicos básicos y medicamentos, también del cuadro básico.
Es una violación al derecho fundamental a la salud universal que sólo el 3,8 por ciento del presupuesto global de salud sea destinado para la compra de medicamentos y material quirúrgico, en tanto un hospital del Estado no puede disponer de los fondos para contratar un nefrólogo más, para que el único especialista en esa rama de la medicina, no tenga que atender a unos 800 pacientes renales que en promedio le toca a él solo revisar.
La salud en Honduras no puede seguir siendo considerada como un privilegio. La cobertura universal y la humanización, que no es ni por cerca, un objetivo minúsculo, será hacerle justicia a la dignidad del pueblo hondureño.
