El analista y abogado en temas migratorios, Ilich Cornejo, planteó las alternativas legales que tienen los hondureños en Estados Unidos tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que finalizó este lunes.
Y es que el vencimiento del programa de protección dejó a miles de connacionales en condición irregular, enfrentando el riesgo de detención y con un futuro marcado por la incertidumbre.
Ciudadanía, asilo y peticiones familiares tras fin del TPS
En tal sentido, Cornejo explicó que una de las primeras opciones es solicitar la ciudadanía, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes migratorias estadounidenses. No obstante, reconoció que este camino no está abierto para todos los beneficiarios del TPS.
Otra alternativa es la solicitud de asilo, donde los hondureños pueden argumentar que en su país -para el caso, Honduras- persisten altos índices de criminalidad, pobreza y falta de oportunidades, condiciones que ponen en riesgo su integridad si retornan.
Asimismo, destacó que quienes cuenten con familiares directos que ya sean ciudadanos estadounidenses —padres, hijos o hermanos— pueden iniciar procesos de petición que, aunque viables, suelen ser extensos y costosos.
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Ley Dignidad: una propuesta pendiente para residencia a migrantes
Por otro lado, el especialista recordó también la iniciativa conocida como Ley Dignidad, impulsada por la congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar.
Esta propuesta contempla otorgar residencia a inmigrantes con más de cinco años en Estados Unidos, siempre que trabajen, paguen impuestos, no reciban beneficios estatales y carezcan de antecedentes penales.
Sin embargo, advirtió que dicha ley aún no ha sido aprobada por el Congreso y, por lo tanto, no representa una salida inmediata para los hondureños.
Riesgo de redadas y efecto económico
Mientras tanto, Cornejo alertó que, desde hoy, los amparados en el TPS se convierten en inmigrantes indocumentados y que las autoridades los detendrán y los enviarán a centros de reclusión por tiempo indefinido mientras esperan resoluciones judiciales, aunque no los deportarán automáticamente.
Esta situación los vuelve vulnerables a las redadas y operativos migratorios en distintas ciudades estadounidenses.
Mientras tanto, en el aspecto económico, el impacto de la pérdida del TPS podría sentirse con fuerza en Honduras.
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Según sus proyecciones, el país corre el riesgo de dejar de percibir entre 500 y 700 millones de dólares anuales en remesas, recursos que son vitales para millones de hogares y que en 2024 representaron más de 10,000 millones de dólares en ingresos para la economía nacional.
El fin del TPS para hondureños
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, ratificó la cancelación del TPS para más de 60,000 migrantes, entre ellos hondureños, nicaragüenses y nepalís. La medida deja sin protección a los beneficiarios a partir de este 8 de septiembre.
Dicho fallo, emitido por un panel de tres jueces, contradijo resoluciones previas que habían extendido el programa hasta noviembre.
Organizaciones civiles y abogados denunciaron que la decisión carece de sustento legal y expone a miles de familias al riesgo de separación.
Defensores de los migrantes recordaron que muchos de los amparados llevan décadas en Estados Unidos, con hijos ciudadanos y raíces establecidas.
Pese a la cancelación, anunciaron entonces que continuarán la lucha por una protección permanente que les permita vivir sin miedo a la deportación.
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