Cuando se duda de la veracidad de un relato, cuando una noticia es una mentira o es falsa, o cuando simplemente los datos no cuadran, es cuando la historia, entonces, se convierte, en lo qué en el argot popular, llamamos un cuento chino . Y ese cuento chino , entre tantos que se nos han contado a los hondureños, ha sido la prometida instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Los que nos contaron la historia de la llegada de la CICIH, fueron engarzando, mes a mes, argumentos base, adornados de supuestos cumplimientos de las cláusulas de un memorándum que transcurrido el tiempo que ha pasado, terminó dándole forma al cuento chino contado. Han transcurrido más de mil días y se han escrito miles y miles de líneas y palabras, desde que aquel 27 de enero del 2022, los cuentistas de esta historia de la CICIH, prometían al pueblo hondureño la inmediata instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Y han sido más de mil días, entonces, de aguardar por una institucionalidad fortalecida y blindada para investigar y perseguir penalmente los delitos, que como la corrupción y el crimen organizado, han flagelado y dañado a esta nación. Un cuento chino más, como una promesa empeñada más, de que con la instancia internacional contra la corrupción, los más flagrantes escándalos de saqueo y dilapidación de dineros públicos, no seguirían en la impunidad en Honduras. Y cuánta urgencia tenemos de que aquí se construya una institucionalidad legal y un marco punitivo, que termine con la rampante y criminal impunidad. Pero aquí, esa aspiración que tenemos los hondureños de que por fin el país avance hacia una institucionalidad con dientes y uñas para combatir la corrupción, ha terminado convirtiéndose también en un cuento chino . La clase política gobernante sigue reticente a dotar al Estado de las armas para combatir las conductas delictivas, en todas y sus conexas configuraciones. Ahora, que escuchamos a funcionarios de la actual administración queriendo desmarcarse del compromiso asumido de traer a la CICIH, solo podemos validar la máxima aquella de que el que promete todo, seguro no cumplirá nada. Las condiciones para la ahora eventual instalación de una estructura internacional que vendría a ayudarnos a combatir la corrupción y las conductas delictivas conexas, están en la cancha de Naciones Unidas, dice la gente del gobierno de Honduras. Han transcurrido más de mil días y la CICIH no aparece por ningún lado. Han pasado ya tres años desde que la presidente Castro le prometió a los hondureños la instalación de la estructura internacional contra la corrupción e impunidad, y desde aquel día, 27 de enero del 2022, casi que no han dejado de salir a luz pública, las mismas y ancestrales denuncias de conductas irregulares y reñidas con la ley. ¿Acaso es que no quieren ver a los ladrones del erario tras las rejas y con el dinero robado de regreso a las arcas públicas? ¿O es que ya se echaron para atrás en la intencionalidad hecha pública de traer una comisión internacional contra la corrupción e impunidad, y parar de una vez esa grosera concesión que a manera de tregua han tenido los delincuentes de cuello blanco para saquear a sus anchas, los dineros del pueblo hondureño? Es responsabilidad de la actual administración, que lo prometió, hacer algo contra el flagelo que ha socavado el desarrollo democrático, que ha minado el bienestar de la población más pobre de Honduras. La corrupción, lo volvemos a decir, le niega a la población en estado de mayor vulnerabilidad, su bienestar y derecho a una vida digna; a la posibilidad de una mejor calidad de vida. Es la inacción y la dubitativa actitud de las castas políticas y gobernantes, de turno y de siempre, lo que provocó en Honduras el enraizamiento de una estructura institucional y un marco legal débil y complaciente, que le dio la espalda a los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y probidad administrativa. Por ese comportamiento es que la corrupción erosionó el entramado social, debilitó la institucionalidad democrática, empeoró la ineficacia de las políticas públicas, provocó altísimos costos económicos, y subyugó los retos y las intenciones que como sociedad pudimos en su momento haber enarbolado para combatirla. Seguir haciéndose de la vista gorda, y postergando las acciones contra este flagelo y contra todas las conductas delictivas, sólo continúa perpetuando la crisis, y atentando contra el bien común y bienestar del pueblo hondureño.