Además de la orden de captura girada por el Tribunal en Materia de Corrupción contra David Chávez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, resalta la que se libró contra el exmagistrado de la CSJ, José Olivio Rodríguez.
Rodríguez fue magistrado de la CSJ durante el periodo 2016-2023, el cual finalizó su periodo en febrero del presente año.
Del mismo modo, trascendieron los nombres de Angel Armando Aguiriano, Jose Antonio Elvir Velasquez, Otilia Maria Pinto Amador, Mario Alejandro Calderon Maldonado, Oscar Antonio Castro Nazar, Karl Heinz Kranich y Manuel Castillo Rodriguez, como parte de los exfuncionarios señalados por supuesto fraude, entre otras acusaciones.
Estos exfuncionarios están vinculados también en el caso de fraude contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en el periodo 2010-2013, cuando David Chávez era director ejecutivo de la enntidad.
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En el marco de laa ejecución de estas órdenes de captura, se realizó un operativo en la colonia El Hogar, de Tegucigalpa, donde estaría uno de los objetivos, aunque el comisionado Miguel Martínez Madrid, jefe de comunicaciones de la Policía Nacional, indicó que no se podía precisar de quien se trata.
Mismas acciones se estarán llevando a cabo en diferentes lugares del país, donde también están plenamente identificados otros de los exfuncionarios señalados.
La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Policía Preventiva, Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Diámpco), entre otras dependencias de seguridad, fueron parte de los allanamientos realizados este martes.
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El caso del Infop
Las órdenes de captura responden a una línea de investigación presentada en 2018 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre la adquisición de taller automotor en el centro regional del (Infop) en Olancho, zona noroccidental de Honduras.
De acuerdo con las investigaciones, David Chávez firmó en 2014 un contrato por 76 millones de lempiras para la dotación de maquinaria automotriz para el centro de capacitación.
De tal modo, en CNA denunció que el Estado había sido objeto de una perdida de 21 millones de lempiras por la sobrevaloración del contrato, por lo que se señaló en aquel entonces a Chávez como parte de una red de corrupción.
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